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Comunicación Poder Judicial
El número de víctimas de la violencia de género, así como el de denuncias presentadas por este tipo de delitos volvieron a mostrar en 2022 un importante aumento, del 10,7 % y del 11,8 %, respectivamente, con respecto a 2021. Según los datos anuales, que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos hoy, la violencia machista dejó una media diaria de casi medio millar de víctimas (483) y de denuncias (499).
El pasado año, los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia) acordaron 32.842 órdenes de protección, un 5,2 % más que en 2021, y dictaron 57.059 sentencias, un 5 % más que el año anterior. El 77,45 % de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio, el máximo porcentaje anual de la serie histórica.
Las medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante 2022, los órganos judiciales adoptaron 4.100 medidas de este tipo, un 104 % más que en 2021, año en el que sumaron 2.008.
Durante 2022, los juzgados españoles recibieron un total de 182.073 denuncias, un 11,8 % más que el año anterior, en el que se registraron 162.848. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 176.380, un 10,7 % más que en 2021, año en el que se contabilizaron 159.352. Dos de cada tres mujeres víctimas (65,65 %) eran españolas.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 72,9 en toda España, casi siete puntos más alta que en 2021. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 110,3; Murcia, con 103,4; Comunidad Valenciana, con 95,6; Canarias, con 88,2; Andalucía, con 86,3 y Madrid, con 75,8. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 46,8 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 49,6; el País Vasco, con 53,5; La Rioja, con 53,6 y Asturias, con 53,9.
Siete de cada diez denuncias (71,56 %) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, un 1,83 por ciento del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 14,9 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,8% y las presentadas por terceras personas, el 3,9 por ciento.
Casi el 10 % de las víctimas renunció a declarar contra su agresor
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se mantuvo muy similar al de 2021. Un total de 16.839 víctimas, el 9,5 % del total (frente al 9,86 % de 2021), renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. De ellas, 9.540 eran españolas y 7.299 de otras nacionalidades.
Órdenes de protección solicitadas y concedidas
En 2022 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 47.279 órdenes de protección. De ellas, 39.909 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 7.370 por los juzgados en funciones de guardia.
Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 32.842. Es decir, en 2022 se acordaron siete de cada diez (69,46 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 27.229, el 68,2 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 5.613, el 76 por ciento.
En el 48,4 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección, porcentaje muy similar al de 2021 (48,9 %).
Dos de cada tres mujeres (66,3 %) que solicitaron protección eran españolas y un 1,7 % del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. En ambos casos, los porcentajes son muy parecidos a los de 2021.
Medidas judiciales penales y civiles de protección
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 60.984 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (23.705), que representaron el 65,70 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (23.469), un 65,92 por ciento del total.
Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 19.389 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.844), que representaron el 20,25 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (4.523), el 15,61 % del total. En ambos casos, los porcentajes se mantuvieron estables con respecto a 2021.
Durante 2022 también se acordaron 4.100 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 14,35 % del total de las medidas civiles adoptadas, aumentaron un 104 % respecto a 2021 como consecuencia de la aplicación por los órganos judiciales de la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, desde junio de 2021, establece la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
También aumentó la medida civil consistente en la suspensión de la guardia y custodia: las 2.335 medidas de este tipo representan el 8,09 % del total de medidas civiles acordadas en 2022. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 178 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 409 casos suspendieron la patria potestad.